El ciudadano podrá conocer los niveles de calidad del agua, la contaminación atmosférica o los efectos de los agentes químicos, físicos y biológicos en su bienestar; e incluso si su médico está vacunado contra la gripe.
El anteproyecto de la Ley de Salud Pública, al que ha accedido EL PAÍS, recoge como uno de sus ejes principales el derecho a la información del ciudadano sobre todo lo que pueda causar alguna incidencia en su salud.Sin embargo, la concreción de muchas de estas medidas queda a expensas de futuros desarrollos reglamentarios, por lo que algunos expertos temen que quede, hasta entonces, como papel mojado.
La participación en proyectos con laboratorios deberá hacerse pública
La nueva ley marca de forma clara que las Administraciones -también las entidades privadas que gestionen abastecimientos, por ejemplo, de agua- tendrán la obligación de comunicar a la población cualquier circunstancia que suponga un riesgo para la salud.
Si vulneran este derecho se les podrán exigir responsabilidades, salvo en asuntos que afecten a la seguridad nacional.
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