Cada año, unos 120.000 españoles sufren un ictus y, de ellos, aproximadamente un tercio queda con secuelas, como asegura la Sociedad Española de Neurología (SEN). Este accidente cerebrovascular constituye una enfermedad que supone uno de los principales problemas socio-sanitarios en España.
La Fundación Casaverde dedicada a la investigación, formación y sensibilización sobre enfermedades neurológicas ha elaborado, tras la presentación el pasado 25 de septiembre en el Ministerio de Sanidad del libro sobre «El Plan de Atención del Ictus de la Comunidad de Madrid 10 años después», un Decálogo del Ictus para conmemorar su Día Mundial, que fue este lunes.
En este documento se abordan las principales necesidades y se dibuja un mapa de la patología cerebrovascular. Entre ellos, que se está convirtiendo en la enfermedad del siglo XXI con una prevalencia cada vez mayor; es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y primer motivo de discapacidad.
Además, se observa un aumento en los grupos de edad más jóvenes, lo que supone un enorme impacto en cuanto a los años de vida perdidos ajustados por la calidad de vida, repercusión social y familiar.
Además, se observa un aumento en los grupos de edad más jóvenes, lo que supone un enorme impacto en cuanto a los años de vida perdidos ajustados por la calidad de vida, repercusión social y familiar.
Por ello, resulta necesario trabajar en políticas de promoción de la salud toda vez que los factores de riesgo que provocan la enfermedad son controlables en un 80%.
Y en este sentido, surge el cuarto punto del decálogo que hace mención a organizar los sistemas de atención de tal manera que el paciente pueda percibir e identificar los síntomas de forma inmediata, recibir el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible, teniendo acceso al recurso asistencial más adecuado.
Desde la aprobación a finales de 2008 de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud, la organización y atención sanitaria a este evento han mejorado de forma significativa, aunque la disponibilidad y acceso a las Unidades de Ictus y trombectomía sigue siendo irregular por territorios, lo que pone de manifiesto una deficiente equidad para acceder al mejor tratamiento en fase aguda.
Gracias a la puesta en marcha del Código Ictus se ha conseguido que la mayoría de los pacientes que sufren uno sean atendidos con la mínima demora en centros con Unidades de Ictus, reduciendo significativamente los tiempos de atención, lo que permite aumentar de forma muy importante el número de sujetos tratados con trombólisis intravenosa, pasando del 3% inicial hasta alcanzar un 20% de los pacientes con infarto cerebral atendidos en urgencias. La mortalidad se ha reducido en más de un 50% de los casos.
La Atención Primaria es el ámbito idóneo para el seguimiento y control de los pacientes crónicos, sin olvidar su aportación a la coordinación asistencial con atención especializada en el ámbito hospitalario y la continuidad de cuidados.
No se pueden olvidar los hospitales de media estancia como un recurso esencial de la recuperación y la adaptación, ganando en funcionalidad. Se trata de una intervención coste efectiva.
Aún siendo la rehabilitación una de las partidas con mayor peso en el coste directo del ictus, si no invertimos en ella los costes totales serían mucho mayores, dado que el gasto económico de la atención a la enfermedad se incrementa conforme aumenta la discapacidad y dependencia. Por ello la rehabilitación debe verse como una inversión.
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