D. SORIANO Libertad Digital
Trinidad Jiménez tiene un nuevo objetivo. Y no es Tomás Gómez, son los gordos. El Gobierno ha decidido plantarle cara a la obesidad con la Ley de Seguridad Alimentaria.
A algunos les puede parecer una nueva intromisión en las libertades de sus ciudadanos; eso sí, siempre por su bien.
La obesidad siempre se ha relacionado con la opulencia. En el pasado, lo normal era que fueran los más pobres los que estaban más delgados, no por una cuestión estética, sino simplemente porque estaban peor alimentados.
En los últimos años, sin embargo, las sociedades occidentales están asistiendo a un fenómeno nuevo, las enfermedades causadas por el sobrepeso afectan cada vez a un sector más amplio de la población.
Este fenómeno ya es motivo de preocupación para muchas familias y cada vez son más las personas concienciadas de que deben procurarse (y procurar a sus hijos) una alimentación más saludable.
Trinidad Jiménez piensa que hay demasiados gordos y quizás por eso, este viernes, el Consejo de Ministros ha decidido meterse en las despensas de los españoles a través de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Los motivos: promover "hábitos de alimentación saludables", reducir la "obesidad" y aumentar el control sobre los alimentos. Los medios: algo de intervencionismo sobre la industria, tres nuevos organismos burocráticos y unas cuantas declaraciones de intenciones que sean fácilmente vendibles a la opinión pública.
Discriminación y bollos
Quizás los dos aspectos más llamativos de la nueva Ley (aunque lo aprobado hoy es un proyecto que tendrá que ser ratificado en el Parlamento) sean la "prohibición de discriminación por razón de obesidad" y la retirada de los bollos industriales de los colegios.
Lo primero será difícil de conseguir, aunque anticipa una cascada de reclamaciones en los tribunales cada vez que una persona obesa sea despedida o no contratada.
Respecto a la prohibición de las ventas en los colegios de "aquellos alimentos y bebidas" que no se ajusten a las disposiciones de Sanidad, todavía no hay un texto definitivo, aunque los anuncios previos ya han desatado las críticas de la industria.
Este mismo viernes, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha pedido que la incorporación de hábitos alimentarios que promuevan el bienestar infantil se haga desde el consenso y no mediante prohibiciones, y ha recordado que la alimentación en los centros escolares aún está en proceso de debate.
En medio, están los padres, a los que el Gobierno ningunea, como si no tuvieran nada que decir en lo que pueden o no pueden comer sus hijos.
Junto a estas dos disposiciones, el Gobierno incluye en el proyecto un "sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria, coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria" y establece una "Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria".
Además, se crea el "Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad". Es decir, tres nuevos organismos burocráticos para controlar lo que comen los españoles, como si ellos solos no pudieran.
Para los colegios, además de la prohibición de bollos y bebidas, se incluye un amplio catálogo de obligaciones: "los profesionales de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados en el área de la nutrición" y "los centros proporcionarán a los padres información detallada de los menús".
No hay comentarios:
Publicar un comentario