En los últimos años han aparecido casos en la prensa de personas que destapan escándalos en sus trabajos, casos de corrupción, lo que supone una contribución social aunque luego las represalias se ceban con ellos.
Ahora la Unión Europea ha aprobado reforzar la protección de los whistleblowers o individuos que revelan una actividad ilícita en su entorno.
No hace mucho conocimos un caso de corrupción de la ciencia española, Antonio Herrera Merchán inició una investigación que acabó con el despido de una científica premiada con dos millones de euros de la Unión Europea (UE).
Esa persona hacía vanguardistas estudios sobre las enfermedades del corazón y había conseguido una asombrosa recuperación de ratones con una insuficiencia cardiaca letal que afecta a una de cada 2.500 personas adultas.
Pero resultó que varias de las imágenes de sus trabajos estaban duplicadas y presentadas como si fueran de experimentos distintos. Y su principal autora no enmendó los supuestos errores.
Fue despedida y varias publicaciones científicas retiraron sus estudios. El caso es que a Herrera, un whistleblowers, le salpicó su propia denuncia y tras hacerla no encontraba trabajo.
Los asiduos al blog recordaréis el caso de un trabajador de la farmacéutica Boehringer, Rafael Fernández, que denunció el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.
Fernández, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias citadas y comenzó a recibir de su empresa documentación “extraída ilícitamente”.
Este hombre comprometido ha continuado con las denuncias en todos los organismos habidos y por haber y está consiguiendo avances pese a que la represión sufrida con motivo de su rebeldía le mantiene fuera de la empresa y de baja laboral.
Está también el caso de los malos tratos a personas indefensas en una residencia de mayores de Madrid, denunciado por un trabajador de la misma. ¿Se castiga a los corruptos?
Una importante representación de denunciantes de corrupción acudió hace algunas fechas al Parlamento Europeo. Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, coincidieron en una cosa:
Una importante representación de denunciantes de corrupción acudió hace algunas fechas al Parlamento Europeo. Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, coincidieron en una cosa:
España no protege a quienes tienen el valor, desde dentro de las instituciones, de denunciar la corrupción sistémica que existe, sino que, por el contrario, esos mismos organismos, que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machacan, ponen todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz o tengan el castigo que la ley dispone para los mismos”.
Por eso es importante la Eurocámara haya aprobado que se garantice la protección de las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales o potencialmente dañinas.
Además de facilitar canales seguros para denunciar infracciones de la legislación comunitaria (dentro de las empresas y ante las autoridades), se protegerá a los informantes de posibles represalias y se les ofrecerá apoyo, como asistencia legal e información sobre procedimientos y compensaciones.
Además de facilitar canales seguros para denunciar infracciones de la legislación comunitaria (dentro de las empresas y ante las autoridades), se protegerá a los informantes de posibles represalias y se les ofrecerá apoyo, como asistencia legal e información sobre procedimientos y compensaciones.
Esperemos que esta norma anime a las muchas personas que presencian actos de corrupción a denunciar.
Por Miguel Jara 17 de abril de 2019
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