Azúcar: Un impuesto de «bajo peso» frente a la obesidad

¿Política en materia de salud o afán recaudatorio? 

Profesionales de la salud cuestionan que la creación de un nuevo impuesto a los refrescos azucarados reduzca la tasa de sobrepeso y obesidad y apuestan por una disminución de los azúcares añadidos en productos procesados

El aumento de las cifras de obesidad y sobrepeso en nuestro país no dejan de crecer. 

Lejos de abordar una solución real que combata este problema, el Gobierno ha anunciado que promueve un proyecto de ley en el que se prevé un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas con el que se espera recaudar 200 millones de euros en 2017, aunque desde el ejecutivo se ha justificado como un «instrumento de lucha contra la obesidad y todo lo que significan los problemas del exceso de azúcar». 

Pese a que todavía no se ha especificado cuál será el porcentaje de la nueva tasa, tanto la propia industria alimentaria como los profesionales de la salud dudan de la efectividad de esta iniciativa.

El doctor Felipe Casanueva, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), considera que «el Gobierno ha incluido este impuesto con un afán claramente recaudatorio porque, en realidad, se están llevando a cabo muy pocas medidas contra la obesidad». 

Esta misma opinión la comparte el doctor Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, quien añade que, pese a que la entidad que representa aún no se ha posicionado al respecto, «no me parece una medida adecuada que se establezca un impuesto a ningún alimento porque España no ha hecho los deberes y es absurdo que se planteen medidas que se están tomando en otros países. A

demás, en nuestro país no ha habido ninguna campaña decente contra la obesidad y que, además, pueda ser evaluable su impacto».

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) no ha tardado en mostrar su disconformidad cuando a finales del mes de noviembre, afirman, se reunieron «con el Ministerio de Sanidad para impulsar un compromiso de reducción voluntaria del contenido de azúcar puesto en el mercado en estas bebidas, una disminución que ya ha alcanzado un 23 por ciento en los últimos 10 años».

 Según la investigación de ingesta y fuentes diarias de energía, en la población española enmarcada dentro del estudio científico Anibes, los refrescos con azúcar suponen el 2 por ciento del total de la ingesta de energía de la población participante en este trabajo con edades comprendidas entre 9 y 75 años. 

No obstante, Casanueva recuerda que «todos los análisis epidemiológicos demuestran que hay una asociación directa entre la cantidad de bebidas azucaradas o con fructosa y la epidemia de obesidad, sobre todo en jóvenes y adolescentes». De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido subir un 20 por ciento los impuestos sobre las bebidas azucaradas.

Sin embargo, pese a que el consumidor actual tiende más a los refrescos light o sin azúcar, Sara Martínez López, profesora adjunta del departamento de Farmacia, Biotecnología, Nutrición y Óptica de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, recuerda que «Los términos light o sin azúcar son estrategias de marketing para promocionar productos que si bien no contienen azúcar de mesa, sí que incluyen edulcorantes artificiales, tales como aspartamo, sacarina o jarabe de fructosa, que actúan de la misma forma que la sacarosa. Pero, a pesar de su menor contenido calórico, en grandes cantidades resultan muy perjudiciales».

Otra de las cuestiones que se plantean es si encarecer el precio de los refrescos azucarados es sinónimo de un menor consumo. 

A este respecto, Casanueva sostiene que «llevamos reclamándolo muchos años porque consideramos que un aumento aunque sea minúsculo en el precio de estas bebidas, como ocurre con el tabaco y el alcohol, se traduce, rápidamente, en un consumo más bajo». Para López, «la media podría resultar adecuada, pero no es suficiente. 

Encarecer el precio podría limitar el consumo de este tipo de bebidas, o fomentar el consumo de productos similares con un coste menor. En tal caso, el incremento en el precio podría no ser la medida definitiva para reducir los índices de obesidad». 

Desde Anfabra sostienen que «está demostrado que los impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo y rompen con el principio de que no existen alimentos buenos o malos, ya que la clave pasa por dietas equilibradas».

Por tanto, ¿no sería más sensato centrarse en el ingrediente en cuestión y no sólo en el producto? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) «muestra poca confianza en que el nuevo impuesto sobre el azúcar consiga reducir su consumo, ya que consideramos que sería más efectiva una reducción obligatoria de al menos un 10 por ciento de azúcares añadidos en los productos procesados».

En este sentido, Martínez considera que «reducir la ingesta de azúcares en alimentos procesados e informar al consumidor sobre los peligros de la ingesta de alimentos azucarados podría tener una repercusión más directa. El consumidor debe tomar conciencia de la problemática».

En la actualidad, el consumo de azúcar se sitúa en 94 gramos por persona al día en España. Una cifra nada desdeñable cuando, según Martínez, «recientemente, la OMS ha sugerido reducir las ingestas recomendadas de azúcar del 10 al 5 por ciento del total de calorías tanto para adultos como para niños. 

Por tanto, una persona sana con un índice de masa corporal normal no debería ingerir más de 25 gramos de azúcares al día, y una lata de un refresco azucarado puede aportar hasta 40 gramos. Sin embargo, una persona diabética debe evitar el consumo de azúcares, pudiendo recurrir únicamente a los edulcorantes».

Menos blanco

Los expertos coinciden en que dentro de las medidas efectivas para abordar el sobrepeso y la obesidad, más allá de impuestos existen, según los expertos, algunas que sí son efectivas para abordar el sobrepeso y la obesidad. 

En este sentido, el presidente de la Seedo aboga por «una reducción en todas las cosas blancas, es decir, azúcar, sal y harina porque ninguna de estas cosas en la evolución del ser humano se han tomado en cantidades tan altas como en este momento. 

Por ejemplo, la ingesta de sal en España es tan alta que el umbral para valorar su sabor se nos ha alterado y necesita más para que sea sabroso y eso repercute en la epidemia de hipertensión arterial. Lo mismo hay que hacer con los productos basados en harinas refinadas como la bollería».

Por su parte, Russolillo sostiene que es difícil «plantear medidas ya instauradas en países pioneros y vanguardistas en políticas de alimentación como Reino Unido, Francia o Alemania cuando España está en la cola y es el único país de la UE que no tiene nutricionistas en el sistema público, cuando está demostrado que su presencia, junto con los profesionales de atención primaria, médico de familia y pediatra, supone una reducción del gasto sanitario de manera alarmante y, por consiguiente, una reducción de las tasas de sobrepeso y obesidad».

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